Vía El Confidencial. El “caso Faisán”, del que no hablan apenas los medios de, por ejemplo, PRISA, empieza a convertirse en uno de los mayores escándalos (reales) de los últimos 30 años. Porque el delito se llama colaboración con banda armada. Colaboración con ETA que la Fiscalía General del Estado, o sea, el Gobierno, se niega a investigar. Lo quieren tapar. Y para ello contaban hasta hace nada con el amigo Baltasar Garzón. Visto que Garzón podría ser apartado por el Supremo de la Audiencia y que el escandalazo podría volver a las manos del juez Grande Marlaska, hay que apresurarse a pedir el archivo de las no-actuaciones de los últimos tres años.

Que el delito de colaboración con ETA lo puedan haber cometido, por órdenes políticas, altos cargos policiales, es un escándalo que debería provocar la dimisión no ya de Rubalcaba, que también, sino de Rodríguez Zapatero. Si esto fuera una democracia, claro.

El ‘chivatazo’ a ETA tuvo lugar la mañana del 4 de mayo de 2006, y los investigadores sostienen en sus informes que fue el inspector jefe de Vitoria la persona quien entró en El Faisán por una puerta trasera y entregó a su propietario, Joseba Elosúa, el teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha contra la red de extorsión de la que formaba parte, y le advirtió que no hablara por su teléfono porque lo tenía ‘pinchado’. Los investigadores sostienen que Pamies actuó así por orden o sugerencia del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.