Tiene razón el presidente del PP, Rajoy, al denunciar el distinto rasero con el que la Fiscalía y la Policía tratan a los acusados de corrupción, bien sean del PSOE o del PP.

Desde luego, el espectáculo televisado de sacar a los imputados en el caso Baleares esposados y en fila para dar a entender que ya son culpables antes de ser juzgados, debería tener consecuencias en el Ministerio del Interior o quien haya ordenado semejante bufonada.

Muy mal lo tiene que ver Rodríguez Zapatero para haber encargado un acoso total al PP en Madrid, Valencia y Baleares, pues es impensable que se esté actuando así contra el único partido de la Oposición sin que lo sepa el presidente del Gobierno.

Y si no lo sabe, peor.

Ahora bien, si esta denuncia de “aniquilamiento” del PP tiene base sólida, de repente ha entrado en escena otra cuestión mucho más grave: según la secretaria General del PP, y otros altos cargos, diputados y senadores de la Oposición han sido grabados e investigados sin orden judicial.

Muy grave.

De confirmarse esta denuncia, asistiríamos a lo peor de la degradación de nuestra convivencia, pues utilizar las instituciones del Estado para espiar a los oponentes no solo merecería la dimisión del Gobierno en pleno, sino la cárcel de los responsables, comenzando por el presidente.

De ahí la expectación creada por la comparecencia de Rajoy.

Era el momento justo para abundar más sobre tan gravísima denuncia.

Pero el líder del PP se quedó en la crítica por el mal trato sufrido por algunos militantes de su partido. Y nada más. Nada sobre las escuchas ilegales.

El PP ha puesto sobre la mesa una patata muy caliente. Y en ese punto no le falta razón al ministro del Interior, Rubalcaba: desde el PP tienen que demostrar la acusación.

Cierto es que después del GAL y de las manifestaciones el 13 de marzo de 2004, del PSOE se puede esperar cualquier cosa, y más si supone mantenerse en poder. Pero una cosa es creer que pueden hacerlo, y otra muy diferente es demostrar que lo han hecho.

Y en un Estado de Derecho, quien lanza una acusación así está obligado a demostrarlo.

Veremos si Rajoy ha callado por estrategia o porque no sabe cómo salir de este enredo.