Gobernantes minúsculos que montan en cochazos como si tuvieran el respeto de las gentes a las que untan con su soborno diario: el gasto autonómico; reyezuelos de miles de funcionarios a los que suben el sueldo para que no les protesten; jefes de una mafia que controla empresas públicas y privadas; dictadores que engañan a la opinión pública comprando la libertad de sus medios de comunicación; sectarios que han aprendido a envolverse en la bandera de su pueblo para justificar sus desmanes; malos gestores incontrolados, que se reparten miles de millones de impuestos que no recaudan; cabecillas de una partida de estafadores que viven a costa de quienes no les hacen ni caso.

Los aparatos autonómicos han conseguido recibir aplausos si algo hacen bien, pero culpar a cualquiera cuando son víctimas de sus propios proyectos. Cada día inventan una nueva excusa. Su logro pasa por calificar de antipatriota a quien osa criticarles: su bandera ha quedado para limpiar sus propias diarreas.

Han pasado de defender su campanario a pedir que derriben el campanario de los demás. Para ello usan el odio, destilado en sus televisiones autonómicas, en sus discursos demagógicos, en sus universidades, en su sistema financiero y en los medios de comunicación que controlan. No solo hay que quererlos por haber nacido en un lugar, sino que hay que jugar con ellos a destrozar a quienes no han nacido en ese mismo sitio. Locura insolidaria.

Las autonomías ya no son un mero aparato administrativo de gestión del gasto: son un gasto en sí mismas, y usan sus parlamentos autonómicos para justificarse, no para ser controlados. Exhiben los presupuestos como un trofeo contra España y contra las demás autonomías, no como un reto para mejorar la sociedad a la que gobiernan.

Y todo es oscuro: ningún ciudadano sabe exactamente qué paga por los servicios que recibe. Se ha creado una competencia desleal que consiste en ofrecer más y más a cambio de culpar al de enfrente si los ciudadanos no quedan satisfechos.

Se ha multiplicado el número de funcionarios; las empresas públicas autonómicas tienen más déficit que el antiguo INI; las diatribas políticas pasan por debates enanos, y cualquier alto cargo es más chulo que un gobernador civil de cuando había gobernadores civiles.

Y España ya no es una realidad, ni siquiera un concepto: es la suma de las decisiones de todos estos ineptos incontrolados.