Es tal el cúmulo de marrullerías y abusos que se están cometiendo impunemente desde la Sociedad General de Autores que la respuesta desde la legalidad sólo puede ser una: expropiar el cobro de los derechos de autor y devolver la racionalidad a un sector que se ha vuelto loco de atar.
Espionaje en bodas y bautizos, cobros abusivos de cánones sobre cualquier aparatejo que se compre en las tiendas, amenazas permanentes, chantaje, recaudaciones de donaciones para causas humanitarias… Lo de la SGAE es vergonzoso y la administración debe tomar medidas inmediatas.
Hay quien cree que la SGAE es un organismo público y que el canon que sustraen al ciudadano es un impuesto. Pues no: la SGAE es una compañía privada, que reparte sus beneficios de manera oscura y como bien le viene en gana, y su canon no es un impuesto que se ingrese en las arcas públicas, sino una tasa que gratuitamente le ha cedido el gobierno y que distribuye entre los “cantantes de la ceja”.
Imaginen que el Gobierno le concediera a la empresa Chupa-chups una tasa sobre todos los pasteles que se venden en España para compensar su bajada de ventas de piruletas. Pues así funciona la SGAE: como ellos dicen que no venden discos, se les indemniza con una recaudación abusiva de cualquier música que se oiga por la calle.
Si ese dinero se repartiera justamente entre los artistas, si sirviera para ayudar a los noveles, para crear escuelas de talentos, para impulsar al sector artístico español, poco habría que decir. Pero la realidad es que sólo acrecienta las cuentas corrientes de los amigos de la Junta Directiva, bien directamente por capricho de Teddy Bautista, bien a través de la fundación que preside Pilar Bardem.
La recaudación de los derechos de autor debe pasar a manos de la Administración. Bien por parte del Ministerio de Cultura, bien por parte de las comunidades autónomas. Si las Fallas o la Feria de abril han de pagar canon por la música popular, ese dinero, obligatoriamente, ha de revertir en Valencia o en Andalucía para conservar su música popular, y no terminar en la cuenta corriente de un cantante de la ceja como pago por haber votado a Zapatero.
La SGAE se ha pasado de la raya; su comportamiento es abusivo. Desde la legalidad, el dinero del pueblo tiene que ser recaudado y administrado por los representantes del pueblo. No por cinco caraduras.
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