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SOCIALISMO: AGENCIA INMOBILIARIA

La Fiscalía Anticorrupción debería investigar de oficio la última decisión del socialismo castellano-manchego, que ha decidido convertirse en una Agencia inmobiliaria.

Habrá que descubrir bajo qué tipo de presiones el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha aprobado un decreto el primer sábado de agosto según el cual con el erario público comprará las viviendas que los promotores no vendan. Es una medida sin precedentes y, seguramente, fraudulenta porque el dinero público no está para malgastarlo así.

Las formas no pueden ser peores: una medida de estas características está obligada a tener rango de Ley, y ser aprobada en las Cortes castellano-manchegas después de un debate técnico y político.

El hecho de que haya sido aprobada por decreto, nada menos que el primer sábado de agosto, suena a trampa. Por supuesto que los sábados de agosto también son hábiles para el Boletín Oficial, pero hurtar el debate y aprobar la medida a escondidas, cuando todo el mundo está en mentalidad de vacaciones, sólo puede obedecer a que detrás hay un fraude digno de presentarse ante los tribunales. Al menos, de ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Y si las formas son malas, qué decir del fondo del asunto: el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha debe tener buenos amigos entre los promotores de viviendas y pocos en otros sectores. Porque, de lo contrario, ¿cuál es la razón política y técnica que le lleva a comprar las viviendas sobrantes y no las plazas de hoteles que no se llenen, las mesas de los restaurantes que queden vacías y las patatas de los agricultores que no vendan a buen precio?

¿Qué le dan los promotores de viviendas que no le dan los demás ciudadanos?

Es una vergüenza que el dinero público esté en manos de quienes lo manejan de modo tan arbitrario y, posiblemente, fraudulento.

Ahora resulta que el socialismo es una agencia inmobiliaria. No hay ninguna razón que evite pensar que detrás de todo esto hay un inmenso lodazal de corrupción. El simple hecho de que se hurte el debate a lo que los socialistas llaman Ciudadanía y que se haya escondido en un inopinado día de agosto ya es un fraude. Un fraude político, pero fraude.

La pregunta es: ¿será tan buen negocio que le seguirán las demás comunidades autónomas socialistas?